EDITORIAL
Integrantes de las comunidades de diversas universidades públicas mexicanas han expresado su preocupación sobre algunos contenidos de la iniciativa de la Ley General de Aguas que recientemente se discute en la Cámara de Diputados. Entre las principales preocupaciones, destaca la limitación en el desarrollo de la investigación en la materia, lo que potencialmente penaliza la realización de proyectos de investigación, favorece la concentración innecesaria de información y dificulta la transparencia en la toma de decisiones y en el proceso de rendición de cuentas. Adicionalmente, la iniciativa de Ley, de acuerdo con diferentes grupos, promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social; promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos; amplía los márgenes para poder contaminar el agua y restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua.
El proyecto de Ley, indica, en su artículo 267, que
La Comisión sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, las conductas siguientes: [...] XXVI. Realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente.
En este sentido, la investigación científica "no sólo hace uso de la información publicada por las instancias de gobierno, también requiere de generar nueva información para actualizar el conocimiento". Este artículo, entre otros, se contradice con lo señalado en otros artículos de la misma Iniciativa, como aquellos contenidos en el Título Octavo Conocimiento y protección de los recursos hídricos; Sección Primera. Además,
la Ley legaliza la contaminación del agua. La actual definición indica que si naturalmente el agua presenta una concentración de "x" elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces se puede incorporar. Esto es grave en el contexto de que las actuales normas no incorporan la totalidad de los elementos o sustancias para evaluar correctamente los impactos ambientales.
Ante esta situación, someramente referida, los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guadalajara, afirmaron que dada la trascendencia y complejidad es necesaria la organización de un debate amplio, plural e incluyente en el que puedan intervenir todos los sectores del país, a fin de que las resoluciones a las que se llegue garanticen el cabal cumplimiento del derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país.
Es de señalar que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió, por unanimidad de sus ocho partidos integrantes, posponer "el tiempo que sea necesario" la discusión en el pleno del dictamen de la Ley General de Aguas.
Sin lugar a dudas, el sector académico, junto con otros sectores, debe participar en el debate que supone la aprobación de una ley tan trascendente como la que nos ocupa.